Claramente entenderán el resultado.
Lo detallo hasta donde puedo (o sea, poco).
La ordenanza en discordia, la 1841/07, “la cual establece la presentación de Declaración Jurada Patrimonial a los funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Deliberativo” fue sancionada el 6 de agosto de 2007.
El 3 de septiembre siguiente el poder ejecutivo local dispuso “LA PROMULGACION PARCIAL DE LA ORDENANZA 1841/07”, por decreto 2018/07, argumentando que “es necesario asegurar ante todo la integridad de aquellas personas que ocupan cargos públicos como a sus familias”, “la publicación en un medio de información tan masivo como Internet del patrimonio de funcionarios públicos podría traer aparejado consecuencias con resultados irreparables.-”
Con la siguiente muy válida aclaración:“no es intención de este gobierno dejar sin efecto la presente Ordenanza sino que la misma sea modificada en los artículos aquí vetados lo que traería una mayor protección y resguardo a las personas que actualmente ocupan cargos públicos como de aquellas que en un futuro puedan ejercer los mismos”.
El 5 de noviembre la oposición insistió con el pedido inicial de aprobación de la 1841 sin éxito (esto es, no lograr 2/3 de los votos).
Transcribo, llegado este punto, las palabras que por entonces enunció el concejal Olaberría:
“yo con ciertos beneplácito veo que la oposición, particularmente quienes firman el proyecto de resolución, mantienen con hidalguía lo propuesto antes de las elecciones, me parece que es coherente, lo que no me parece coherente y por eso vamos a votar en contra de este proyecto, es rechazar el veto, pues, hemos mantenido esta postura durante todas las reuniones de la Comisión de Gobierno, en tanto y en cuanto nosotros no entendíamos la obligación de la publicación de los patrimonios en los medios de difusión masiva y sobre todo al aire cibernético, como son los de Internet, así que coincidimos con el veto del Ejecutivo y vamos a votar en contra de este proyecto de resolución, vuelvo a reiterar que me parece, y es para felicitar, un gesto coherente de la oposición, se viene manteniendo esta postura que era previa a un proyecto, que se podía suponer, electoral, ahora están demostrando que esto no es así, a pesar de que no hay reconocimiento general de las urnas para esta forma de proceder”.
Se enfrentan así el derecho al acceso a la información y posibles peligros para quienes deciden publicar sus declaraciones juradas en la Internet, prevaleciendo la integridad humana por sobre todo.
Sin embargo enumeraré algunos “funcionarios extremos” que deciden arriesgar su “integridad” o la de sus familias y que en un rápido tecleo pude detectar por este medio... es un muestreo de variedad, no cantidad:
El intendente de Morón Martín Sabbattella.
El vicepresidente electo, en su anterior cargo como gobernador mendocino, allá por 2003, Julio Cobos
La diputada Marta Maffei
Y hay más.
De la zona puede encontrarse al casi ex diputado y ex intendente oriundo de General Pinto, Luis Bruni.
Este último, en 2005, tuvo su proyecto de ley en la materia, como tantos otros (proyectos y/o legisladores).
Así tenemos unos cuantos funcionarios, de diferentes condiciones y –en principio- símbolos políticos.
De la enumeración podría inferirse que la publicación de tales declaraciones no es una “acción extrema”. Pero eso pasa a ser una opinión personal.
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Brillos, plantas vengan hacia mí,
Yo también me dormí detrás de la gran ciudad
Vestido de gris.
Y dejé mis zapatos para un arlequín,
que una vez se llamó Fermín
Y fue piel al fin
Y fue piel al fin.
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Chimeneas no me engañen más,
Quiero ver cielos de verdad
sin humo ni hollín.
Quiero madrugar
Con los grillos y las plantas
Y voy a gritar
Vivo aquí!
Yo nací después
De la gran ciudad
Y hoy habrá función
Para ver un arlequín bailando sobre el sol
Sobre el sol
Sobre el sol
Final (1969)
Almendra
